El Consejo de Seguridad de la ONU decidió aplicar en 1992 durísimas sanciones sobre la Libia por su responsabilidad en el atentado terrorista ejecutado por funcionarios de sus servicios de inteligencia quienes colocaron un artefacto explosivo en el vuelo 103 de la aerolínea PAN AM. A tan solo 16 años de aquellas decisiones responsables y éticas, las cosas se han puesto de cabeza, la ONU actual pareciera haber perdido los parámetros de ética y justicia.
Por George Chaya
En tiempos no muy lejanos, cuando los organismos supranacionales funcionaban basados en la ética y la observancia del derecho internacional, por caso Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió aplicar en 1992 durísimas sanciones sobre la Republica Socialista Árabe Libia por su responsabilidad en el atentado terrorista ejecutado por funcionarios de sus servicios de inteligencia quienes colocaron un artefacto explosivo en el vuelo 103 de la aerolínea PAN AM que cubría la ruta Londres-Nueva York. El avión estallo en pleno vuelo el 21 de diciembre de 1988 sobre la localidad de Lockerbie causando la muerte instantánea de sus 259 pasajeros y de otras 11 personas más en tierra. Tales sanciones, que incluían embargos de los activos libios en cualquier parte del mundo se extendieron hasta el 12 de septiembre de 2003 en que el gobierno de Libia acepto su responsabilidad en el hecho, entrego a los culpables de la masacre y su presidente, Muammar Khadaffi se allano a sufragar la suma de 2.700 millones de dólares en concepto de indemnizaciones a los familiares de las victimas de ese atroz atentado terrorista. Mientras tanto, en una actitud ética y honorable, desde la fecha del atentado la mayoría de los países libres de la comunidad internacional se negó a mantener relaciones comerciales con Libia.
No hubo duda que Lockerbie se trato de un caso muy claro de terrorismo patrocinado por un actor estatal (Libia) y ejecutado por funcionarios y dependientes del mismo estado.
A tan solo 16 años de aquellas decisiones responsables y éticas del Consejo de Seguridad, las cosas se han puesto de cabeza, la ONU actual pareciera haber perdido los parámetros de ética y justicia y no ha comprendido aun que (hoy) existen actores para-estatales al servicio de estados patrocinadores del terror, a menudo se confunde a la opinión pública desde el corazón mismo de Naciones Unidas, se ofrece podio al presidente de Irán, quien descarga ante el mundo (desde la mismísima ciudad de Washington) discursos racistas amenazando con la destrucción de otro estado miembro de la ONU. No obstante, nadie o muy pocos se atreven a levantar la voz convirtiéndose en la excepción a la regla de lo políticamente correcto. El hecho es, que las cosas deberían ser a la inversa. Pero no lo son.
Por estas y otras tantas razones es que adquiere suma relevancia el accionar de la justicia de la Republica Argentina cuya exteriorización se vio materializada en el trabajo del fiscal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA de aquel país, el Dr. Alberto Nisman ha enviado un mensaje muy firme
Días pasados el fiscal solicitó un embargo -tal como se conoce la figura legal en la normativa jurídica Argentina -un bloqueo y congelamiento de los activos financieros que sean encontrados según lo definen las leyes estadounidenses- de las cuentas bancarias de los ex funcionarios iraníes con pedido de captura internacional: el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, los ex ministros de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati y de Información y Seguridad Alí Fallahijan, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex líder de las Fuerzas QUDS Ahmad Vahidi y tres ex funcionarios de la embajada de la Republica Islámica de Irán en la ciudad Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani y Ahmad Reza Ashgari, todos ellos involucrados en la causa por el atentado con coche bomba a la sede de la Asociación Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) el 18 de julio de 1994. La solicitud del Fiscal se extiende también a la organización libanesa pro-iraní sindicada por la justicia Argentina como autora material del ataque terrorista. El dictamen indica que "Se embargarán todas las cuentas bancarias que tengan en cualquier lugar del mundo", además contiene un dato mas relevante aun, establece la ligazón y complicidad del régimen iraní con agentes no estatales en la comision de actos terroristas sindicando a Irán y a Hezbollah como solidaria y plenamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida, a la integridad, a la salud y a los bienes de los 85 muertos que dejo como saldo el ataque terrorista. El representante del ministerio público elevo el dictamen ante el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral en el marco de la primera demanda civil incoada en los tribunales argentinos por un sobreviviente del atentado.
El reclamo efectuado por una de las víctimas -patrocinada por el abogado argentino Pablo Jacoby, de la Agrupación Memoria Activa-, es el primero que se efectúa ante la Justicia Argentina, y sostiene que el atentado terrorista, en el cual sufrió graves lesiones, "gozó del soporte estructural para su organización, financiamiento y ejecución del aparato estatal iraní, así como de la autoría de la organización libanesa Hezbollah. La Fiscalia ha ratificado que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en el marco de “una política de estado iraní y para su consecución se emplearon distintas agencias de ese Estado, así como también a la organización Hezbollah que se le encuentra subordinada". En consecuencia, para la justicia argentina queda palmariamente demostrado lo que dio lugar a la medida solicitada por el Dr. Nisman: "la República Islámica de Irán resulta solidaria y responsable por los daños a la vida, la integridad física y moral de las víctimas".
Es cierto que el pedido fiscal deberá ser resuelto por el Juez Federal, pero una vez que el juez lo resuelva los resortes de la justicia Argentina deberán ponerse en acción plenamente, pues es “un hecho judicial sin precedentes que da cuenta indubitablemente que Hezbollah fue responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires”.
En cualquier caso, lo importante es que la Justicia no se detuvo en ningún momento en todos estos años y que se continúo investigando. La medida solicitada por el fiscal Nisman “es un avance muy importante desde lo civil que viene a acompañar la investigación penal de manera contundente” ya que no sólo ratifica la autoría intelectual de Irán, sino que confirma la ejecución por parte de la organización Hezbollah, acusada como la principal responsable del ataque terrorista a la mutual judía Argentina.
Desde lo político es también un hecho importante para el gobierno Argentino, puesto que al solicitar el embargo de las cuentas de los funcionarios procesados y de Irán, se demuestra que hoy la Republica Argentina tiene por probado los hechos y además, la certeza plena de que Irán es financiador del terrorismo internacional a través de Hezbollah”, lo cual ratifica la dirección correcta y la voluntad positiva en la investigación tal y como fue dicho en las palabras de la presidenta Argentina en su discurso de semanas pasadas en la sede de Naciones Unidas cuando solicito la presencia de los imputados ante los tribunales argentinos y a la vez brindo todas las garantías procesales a los encartados y esto es un avance en lo que respecta a la causa AMIA y a la lucha contra el terror en el continente latinoamericano aunque la presidenta no se refirió a lo solicitado en varias oportunidades por la dirigencia de la comunidad judía argentina, es decir al cese de las relaciones comerciales hasta hoy vigentes entre Argentina e Irán.
El pedido de indemnización por parte del damnificado es el primero que se efectúa ante la Justicia Argentina, el monto solicitado es de USD 1.000.000. En cualquier caso el resarcimiento economico nunca podra componer la perdida de las vidas de los seres queridos a los familiares, pero es una indicación clara del avance en la lucha que debe y puede librarse desde el sistema legal contra la barbarie del terrorismo internacional. La decisión final del fallo deberá de ser tomada por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, ante quien el fiscal Nisman elevó la petición reparatoria. Pero lo que queda claro es que "La decisión de cometer el atentado terrorista fue adoptada en el marco de una política de Estado iraní y para su consecución se emplearon distintas agencias de ese Estado, así como la organización libanesa Hezbollah", tal como lo indica el texto de la demanda.
Algunos familiares de las víctimas del atentado de Lockerbie participaron como observadores en la sesión de la ONU donde se produjo la votación aquel 12 de septiembre del año 2003, al salir expresaron estar contentos de “haber hecho arrodillar al dictador libio responsable de la muerte de su hijo", manifestó la madre de uno de los inocentes fallecidos.
Es de esperar que la comunidad internacional y los organismos internacionales apoyen firmemente la investigación de la Justicia Argentina, para que en un futuro cercano, las madres, esposas, hijos, padres y hermanos de los inocentes asesinados ese fatídico 14 de Julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, vean también de rodillas a los terroristas que patrocinaron y ejecutaron esos hechos aberrantes.
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